Cultura de diálogo: Ley de Consulta Previa

En el Perú existen 214 conflictos sociales según el último reporte presentado por la Defensoría del Pueblo en julio de este año. Del total de los casos registrados, 135 se encuentran activos, 79 en estado latente y solo se han resuelto 2 con respecto a los que existían en junio*. Estos números en comparación con los presentados por la Defensoría en julio de 2006, cuando existían 84 conflictos -y Alan García asumía su segundo mandato como presidente del Perú-, nos hacen reflexionar sobre el deficiente manejo de las protestas sociales, que muchas veces acarrearon en muertes.

El reporte también da cuenta de que del total de conflictos activos, 92 son por protestas socioambientales, seguidos por 12 reclamos por asuntos de Gobierno Nacional. De acuerdo a la ubicación geográfica, Puno es el departamento con mayor descontento popular con 22 casos; le siguen Cajamarca con 18 y Áncash tiene 17; en tanto que Lima presenta 14.

Mapa de los conflictos sociales por departamento en julio de 2011 (Imagen: Defensoría del Pueblo)

De acuerdo a los datos de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, producto de los conflictos sociales durante el gobierno aprista fallecieron 191 personas, como informa La República; de las cuales 153 fueron civiles y 38 policías o militares.

Sin dudas la reciente promulgada Ley de Consulta Previa es un paso importante para la paz social, no obstante la interrogante de muchos especialistas es ¿garantiza la continuación de proyectos de inversión previamente planificados? Un caso modelo es el gigante proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari. Este proyecto impulsado por capitales brasileños no cuenta con la aprobación de las poblaciones involucradas y, tal como parece, con la consulta la respuesta continuará siendo “no”.

Causas de los conflictos (Fuente: Defensoría del Pueblo)

Cabe resaltar que, según estadísticas de ProInversión, 54 proyectos requerirán ser consultados a las comunidades de acuerdo a la reciente Ley. Del total de proyectos, 43 corresponden al sector de la minería.

En total se estiman inversiones por 52 mil millones de dólares en la próxima década. Número importante que se querrá conservar si se quiere continuar con el desarrollo económico y, sobre todo, satisfacer la agenda de proyectos sociales promocionados por el nuevo gobierno durante la campaña electoral.

Resulta evidente que, de continuar el descontento de los pobladores, al no sentir los frutos del desarrollo económico, se pone en peligro la continuidad de dichas inversiones. Por ello la importancia -pero sobre todo correcta aplicación, excepta de los grupos de interés y objetivos particulares- de la novísima Ley.

Según las recomendaciones de la Defensoría, existen hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. A ello se deben sumar esfuerzos por relaciones más inteligentes entre los actores involucrados -comunidades, Estado, empresas- que ayuden a la sostenibilidad de las inversiones y la paz social. Para ello será necesaria la participación de profesionales conocedores de la idiosincrasia y cosmovisión de las comunidades consultadas -los que por supuesto sepan relacionarse en la lengua nativa de la población-.

*De los pocos conflictos resueltos se debería considerarse, tal y como lo señala la Defensoría, que nunca es posible asegurar que la resolución de un conflicto es definitiva. Por lo que debería ser preocupación del Estado el monitoreo continuo del conflicto solucionado.

Bonus Track: “Flor de retama” por Martina Portocarrero

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