¿Inmunidad o impunidad?

(La propuesta para eliminar la inmunidad parlamentaria en el Perú, del congresista Omar Chehade, nos da pie de revisar la situación de esta figura en Latinoamérica).

Casi todas las democracias dan algún tipo de inmunidad a sus parlamentarios. Es decir, un sistema de protección frente a demandas judiciales. La finalidad -en el papel- es permitir la libre expresión y la posibilidad de optar por posiciones políticas sin temor a represalias o juicios.

Sin embargo, dicha prerrogativa ha sido controvertida en algunas jurisdicciones debido a la posibilidad de abuso; a veces entendida como impunidad. Por ello, en Latinoamérica la inmunidad se ha vuelto foco de descontento público que se relaciona con corrupción y privilegios personales.

En nuestra región casi todas las legislaciones amparan a sus parlamentarios evitándoles ser acusados, perseguidos o arrestados. La mayoría de los países caribeños -incluido México- como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana también amparan al Presidente y Vicepresidente de la República. En Honduras, además se les exonera de prestar servicio militar y se amplía el tiempo de inmunidad: 15 días antes y 15 días después del periodo de sus funciones. En Panamá gozan de inmunidad 5 días antes y 5 días después de desempeñar su cargo público.

Congreso peruano

En América del Sur todos los países contemplan la inmunidad parlamentaria en sus legislaciones salvo Colombia. En dicha nación esta figura fue eliminada en 1991 para impedir que se politizaran acusaciones penales contra sus legisladores. En el resto de países, la inmunidad solo pierde efecto en el caso de flagrante delito o cuando el parlamentario renuncie a ella. Salvo en el Perú, en donde la inmunidad se aplaza un mes después de haber cesado sus funciones; en el resto de países, dura desde que son declarados electos hasta que termina su gestión. En Brasil y Bolivia, es necesario el voto de dos tercios de los miembros de su Cámara respectiva para perder este derecho. Entre otras particularidades.

Un poco de historia. El blog de Gustavo Gutiérrez, en su post La inmunidad parlamentaria en el Estado Democrático Constitucional, cuenta:

La doctrina dice que la inmunidad parlamentaria apareció en el derecho inglés. Para nosotros eso es una media verdad. Lo que apareció en el derecho inglés es el Parlamento, que es una asamblea de las sociedades intermedias, como las llamaba Montesquieu, que esencialmente, en su condición de órgano de apoyo a la corona, recibía de esta, como “gracias”, determinados privilegios.

Más allá de las discusiones conexas, lo concreto es que la inmunidad apareció con la Revolución francesa, con la fundación de un nuevo modelo de Estado: el Estado liberal. Y en aquel momento de consolidación de la convención, de la gran asamblea que fue el Parlamento posrevolución francesa, la primera gran preocupación de los revolucionarios fue garantizar el funcionamiento de ese nuevo eje de poder que significaba la asamblea como representante del pueblo. Una de las grandes necesidades era proteger a los representantes del pueblo; porque, en ese momento de génesis de un nuevo modelo de Estado, se corría el peligro de volver al absolutismo ya que el monarca aún tenía poder. En consecuencia, a fin de garantizar el mantenimiento de la asamblea como el primer poder del Estado en este nuevo modelo en el cual la soberanía del pueblo se materializa en la asamblea legislativa, se hizo necesario conferir determinadas prerrogativas a los parlamentarios, porque son representantes del pueblo, porque nada tienen y, seguramente, mucho deben.

Desde esa época el Parlamento es el primer poder en todas las democracias. La inmunidad protege al -verdadero- político que en su camino va acumulando adversarios y enemigos; aunque también debería tener mecanismos que impidan se convierta en un privilegio personal.

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